El secretario general, Gustavo Santana, defiende que los hechos que se imputan estaban amparados por la ley de subvenciones vigente en el momento.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha instado mediante un auto el procedimiento abreviado por el que se imputa a 26 ex dirigente de UGT delitos de estafa, apropiación indebida y fraude por el denominado 'caso Fundescan'. El sindicato presentará recurso de reposición por entender que "hay una serie de interpretaciones erróneas y porque entendemos que no hay ilícito penal". Según Santana, se trata de hechos ocurridos hace más de diez o quince años, "que entonces se sujetaban a la ley de subvenciones vigente". Asegura que ya han culminado los procesos administrativos y se han reintegrado todas las cantidades con los intereses correspondientes, que ascienden a 1,3 millones de euros.
Santana apela a la "prudencia" en un caso en el que el juez instructor ve indicios de que UGT-Canarias incrementó de forma ficticia el alquiler de un inmueble arrendado a Fundación Canaria para el Desarrollo Social (Fundescan) para obtener un beneficio económico.