Empresas, sindicatos y administraciones debaten sobre los retos y posibilidades de la Formación Profesional en Canarias.
En el debate participan José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE); Bernardo Delgado, coordinador del Proyecto Enlaza de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias (PE); José Ramón Barroso, secretario de Política Educativa de Comisiones Obreras (CCOO); y Néstor Pérez León, técnico del Instituto de Cualificaciones Profesionales del Gobierno canario (ICP).
José Cristóbal García (CCE) afirma que aún "queda mucho camino" para alcanzar los niveles de la formación profesional de otros países, en los que existe mayor capacidad de adaptarse a las demandas del momento, como sucede hoy en las islas con expertos en cinematografía, implantación del gas canalizado o el trabajo en plataformas petrolíferas: "El sistema es bastante rígido para adaptarse y se producen desfases que generan ineficiencias". Asimismo, considera mejorable el sistema de prácticas en empresas, en las que se necesita un tutor y tienen un coste para las organizaciones.
Bernardo Delgado (PE) destaca el crecimiento "desmesurado" de centros en los años anteriores a la creación de la Dirección General de Formación Profesional, la crisis "tremenda" y un desarrollo tecnológico "que nos ha barrido a todos" como las dificultades de la FP para adaptarse a la demanda empresarial. A su juicio, los nuevos centros integrados resolverán "muchos problemas de rigidez", pero se ven afectados por "el retraso en el reglamento". Recuerda que el Proyecto Enlaza "trata de resituar la FP por medio de la colaboración con las empresas para definir la oferta", pero destaca que persiste el problema de "conseguir marcos de colaboración entre administraciones y empresas".
José Ramón Barroso (CCOO) afirma que Canarias dista de cumplir con los compromisos europeos de los Objetivos 2020, que establecen una población activa en la que el 50% tenga cualificación media, el 35% formación superior, y solo el 15% formación básica: "Tenemos que poner el pie en el acelerador para no quedarnos retrasados respecto a Europa, porque, aunque se está trabajando bien, vamos lentos". A su juicio se trata de un "problema de dinero", algo en lo que coincide José Cristóbal García cuando se pregunta a dónde van los 2.000 millones que empresas y trabajadores aportan para la formación: "Si a Canarias llegara el 5%, que es su peso del PIB, serían 100 millones". En cambio, solo llegan nueve.
Néstor Pérez (ICP) recuerda que el certificado profesional "es ya formación reglada" y que en los últimos años se han reconocido a 60.000 trabajadores con más de tres años de experiencia en su profesión un título equivalente al de la formación profesional: "No son suficientes, pero no son pocos".
Masificación de la Universidad
Los empresarios destacan los obstáculos que representan la fragmentación del Archipiélago, que obliga a ofertas cursos donde hay escasa demanda. Estiman que uno de los grandes retos es "dignificar la formación" pues no es posible "masificar la universidad". Ese estigma, dice García, "tenemos que quitarlo de encima". Delgado (PE) está de acuerdo y reconoce que "hay que mejorar la orientación profesional de forma importante" por medio de la formación de los orientadores de los centros integrados "para llevar la orientación a todo el alumnado". Otro mandato que se debe cumplir, recuerda, es el del "seguimiento de la vida del trabajador, que ha de hacerse a través de los centros integrados". Al hilo, Barroso (CCOO) afirma que no solo se debe trabajar en interés de las empresas "sino también en la capacitación del trabajador a lo largo de su vida profesional". El sindicato demanda "más escucha" por parte de las administraciones y más implicación por parte de las empresas.
Néstor Pérez (ICP) afirma que otro de los obstáculos de la formación es la falta de academias "que puedan dar los cursos que nosotros ofertamos, por ejemplo mantenimiento de ascensores, en los que que no encontramos ningún centro y pasa lo mismo en otras especialidades".